Los flujos de gestión desconectados son la mayor causa del derrumbe del edificio en São Paulo

Todo el país quedó conmocionado con la tragedia del incendio, seguido del derrumbe, del edificio Wilton Paes de Almeida, en el centro de São Paulo. La primera reacción, en las redes sociales e incluso en los medios, fue buscar a los “culpables”; el movimiento que organizó la ocupación fue uno de los primeros en quedar en el foco, seguido de las diversas instancias públicas involucradas.

Claro que en una situación como esta, que involucra víctimas fatales, es necesario determinar las debidas responsabilidades, pero la gestión lean propone que, al enfrentar cualquier problema, ante todo debemos buscar las causas en los procesos que generaron las consecuencias, ya que esa es la mejor forma de evitar que se repita.

Un análisis de la historia del edificio muestra que la mayor causa de este derrumbe fue la total desarticulación y discontinuidad de diversos flujos de gestión pública. Perdidos en sus enredos burocráticos, fueron postergando la solución de problemas que se volvieron cada vez mayores. Perdieron totalmente de vista propósitos más relevantes, que exigirían acciones inmediatas, como la protección de la vida, la protección de poblaciones en situaciones extremas, la preservación de la seguridad y el cuidado del patrimonio público y cultural.

El primer flujo truncado que se hace evidente en las noticias es el de la propiedad del edificio y la gestión de los bienes públicos: inaugurado en 1968 para ser sede de un grupo de empresas, pasó a manos del Gobierno Federal debido a deudas. Albergó la sede de la Policía Federal de 1980 a 2003 y una agencia del INSS hasta 2009; en 2010 se pensó en convertirlo en centro cultural; fue cedido en 2012 a la Unifesp, que desistió de utilizarlo, y, con el abandono, terminó siendo invadido. En 2015 se intentó una subasta, sin interesados. En 2017 fue cedido provisionalmente a la Municipalidad.

Tras el derrumbe, la municipalidad discute públicamente si era ella o el Gobierno Federal quien debía solicitar la restitución de la posesión. Entre idas y venidas y responsabilidades compartidas que nadie asumía, quedó clara la falta de continuidad, de propósito definido y de agilidad en la gestión de los miles de inmuebles públicos como este, que podrían tener un destino muy útil para la sociedad.

Esta lentitud se arrastra durante años, y los poderes públicos construyen nuevos edificios o pagan alquileres caros, mientras que edificios que podrían reformarse quedan abandonados y se deterioran.

Otra negligencia que queda clara es la de la gestión de un patrimonio cultural.

Considerado la principal obra del arquitecto Roger Zmekhol, el edificio representó un hito arquitectónico de su época, aportando varias innovaciones tecnológicas, y fue declarado patrimonio en 1992. Aun así, durante muchos años nunca tuvo un plan sobre cómo podría aprovecharse mejor, de forma que se preservara ese legado. Entre 2007 y 2009, un grupo de arquitectos franceses llegó a hacer un proyecto de revitalización, que nunca obtuvo apoyo. Más recientemente se pensó en transformarlo en un centro cultural, pero ya era tarde, con la invasión y las indefiniciones sobre cómo retomar el camino del gran hito de la ciudad que podría haber sido.

Con el abandono y la invasión, el edificio entró también en la esfera de los problemas sociales de Brasil: la miseria, la carencia habitacional y, más particularmente, las poblaciones sin techo en situación de riesgo en las áreas centrales de las metrópolis.

Aquí también los problemas se van postergando entre las diversas esferas municipales, estatales y federales. Movimientos sociales, técnicos, urbanistas, etc. presentan diversas propuestas, como viviendas céntricas para la población de bajos ingresos, alquiler social u otras, pero todo avanza muy lentamente, y esas poblaciones siguen a merced de su propia suerte.

Otro aspecto que queda sin dueño es el de la seguridad. ¿Quién tiene el poder de poner la seguridad por encima de todo, como debería ser, y tomar medidas inmediatas?

El Ministerio Público del Estado de São Paulo había abierto, en 2015,  una investigación sobre la seguridad del edificio, que fue archivada en marzo de este año con la conclusión de que no había riesgo estructural, pero dejando constancia de que “la instalación eléctrica del edificio no se ajustaba a las normas aplicables, como tampoco el sistema de combate de incendios”.

Las fotos publicadas tras el derrumbe muestran las condiciones del edificio antes de lo ocurrido: la enorme cantidad de materiales inflamables, como tabiques de madera, y las precarias instalaciones eléctricas son evidencias de una tragedia anunciada en este y en todos los demás edificios ocupados.

Un edificio de uso corriente sin un certificado del cuerpo de bomberos puede ser clausurado. En el caso del Wilton Paes de Almeida, la indefinición de todas las cuestiones discutidas anteriormente, sin una solución para el problema social, cultural, patrimonial y jurídico, llevó a convivir con una situación de riesgo extremo, ante todo para los residentes, pero también para los vecinos y para todos nosotros.

Esta tragedia ha desencadenado importantes debates sobre las políticas habitacionales para la población sin techo, el destino que debe darse a los edificios públicos y privados sin uso, las cuestiones de seguridad, etc. Solo en la ciudad de São Paulo, la municipalidad contabiliza más de un centenar de edificios invadidos; si pensamos en todas las grandes ciudades brasileñas, son quizá miles.

Esperamos que los debates generen también reflexiones y, principalmente, acciones sobre cómo los diversos flujos de gestión, que tradicionalmente ocurren en silos de la administración pública, necesitan ser totalmente revisados y conectados, para que las prioridades se definan y se ejecuten con agilidad, sin postergaciones, en todas las dimensiones y esferas.