Las falsas soluciones de la Justicia no resuelven la mala gestión pública y privada
La inercia del poder ejecutivo y la mala gestión de empresas del sector privado hacen que con frecuencia el poder Judicial intervenga y regule la gestión. Puede ser para atender reclamos sobre planes de salud, empresas de telefonía móvil, aseguradoras, etc.
Sin embargo, este papel de la Justicia debería minimizarse para concentrarse en cuestiones esenciales e incluso en temas nuevos. Pero con frecuencia la intervención involucra cuestiones básicas de gestión.
Un ejemplo reciente fue el caso de la Justicia Federal que determinó la obligatoriedad de registrar el control horario electrónico para todos los funcionarios públicos, como médicos y dentistas, que trabajan en las unidades de salud del SUS en Rio Branco, en Acre. La acción judicial fue solicitada por el Ministerio Público Federal de Acre (MPF-AC).
Según el proceso, la acción “tiene como objetivo garantizar la existencia de mecanismos de control que inhiban irregularidades en los servicios ejecutados por el Sistema Único de Salud, tanto a fin de propiciar a sus usuarios la fiscalización efectiva de la calidad de la prestación de los servicios, como también para materializar la transparencia que debe existir en los actos de la Administración Pública", según informó, por ejemplo, el sitio G1, de Globo.
En otras palabras, los funcionarios de salud no estarían cumpliendo efectivamente sus horarios de trabajo. Esto estaría perjudicando aún más la ya tan precaria atención pública de salud.
La solución, entonces, sería el control horario electrónico obligatorio, pues, al obligar al registro de la entrada y la salida, garantizaría la presencia física del funcionario de salud durante todo el período de la jornada y, por lo tanto, su actuación y atención.
¿Cómo es posible que otra esfera de poder tenga que llegar a este nivel de intervención? ¿Dónde están los gestores de esos hospitales? ¿Por qué no son capaces de lograr que la persona se presente a trabajar?
Si hay funcionarios que reciben salarios y no se presentan a trabajar, se trata de una falla de gestión tan elemental como grave.
Sabemos que estos profesionales de la salud con frecuencia tienen múltiples empleos. Y que una remuneración más adecuada vendría de la acumulación de muchas horas de trabajo en diversos lugares.
Sin embargo, instituir un control horario electrónico simplemente no garantizará la solución del problema de la atención pública de salud. Puede generar otras formas de fraude. Y los ciudadanos seguirán sin atención si los gestores no asumen efectivamente sus papeles.
Desde hace mucho tiempo, las empresas privadas, buenas o malas, eficientes o incompetentes, adoptan el control horario electrónico en sus jornadas. Y ciertamente no es este procedimiento lo que garantiza el éxito de tal o cual organización.
Es interesante notar que las “falsas soluciones” como esta siempre tienen la característica común de adoptar procedimientos que de cierta forma rozan e incluso tocan el problema que se quiere resolver.
Es fundamental que los médicos públicos cumplan sus horarios de trabajo. Pero de ninguna manera estas pseudosoluciones logran alcanzar la “causa raíz” que realmente está generando la falla.
En otras palabras, ¿cuál es el problema real que estaría haciendo que los médicos y funcionarios de salud de Acre no atiendan eficientemente a la población local, lo que, por cierto, ocurre en la mayor parte de la salud pública brasileña?
¿Será que es solo una cuestión de “presencia física” del profesional? ¿O el problema es más complejo, con otras causas raíz, como, por ejemplo, una mala gestión de los recursos, fenómeno que ya comienza “allá arriba”, en las altas esferas gubernamentales?
Y hay aquí, incluso, una pregunta aún más obvia en la que quiero insistir: si los médicos y funcionarios no estuvieran cumpliendo sus horarios de trabajo, ¿no les correspondería a sus líderes y gestores inmediatos percibirlo y buscar soluciones? ¿Y dónde estarán y qué estarán haciendo los jefes de esos gestores?
Estas falsas soluciones, que ocurren con mucha frecuencia, por todos lados, parecen intentar quitar la responsabilidad real de los gestores y líderes de realizar bien su trabajo. La Justicia interviene en el ejecutivo, pero, por su lado, muchos procesos legales demoran años y años en resolverse.
¿O usted cree que la simple existencia de complejas licitaciones y subastas públicas es un modo eficiente, por sí solo, de garantizar procesos de compra transparentes y eficientes?
¿O que una compleja regulación de los servicios de salud podrá, por sí sola, impedir que hospitales y planes de salud “empujen” cada vez más procedimientos a clientes cada vez más agotados?
Los líderes y gestores, públicos y privados, deben asumir sus reales responsabilidades. Y dejar de esconderse detrás de falsas soluciones o, peor aún, someterse a intervenciones del poder Judicial, con sus también limitadas soluciones.
