Gastar más de lo que se gana es un defecto de gestión; los candidatos presidenciales parecen ignorarlo

En un año de elecciones presidenciales, lo que no faltan son candidatos haciendo promesas. Y la pregunta que en la inmensa mayoría de los casos queda sin respuesta en los debates electorales es incluso obvia: ¿de dónde vendrían los recursos para cumplir todo lo que se promete?

La respuesta es compleja y casi siempre evitada por los candidatos, pero está muy ligada a un problema grave del país: el déficit público, es decir, el hecho de que el país gaste más de lo que recauda.

Según un estudio del Banco Mundial, de 32 países de América Latina, 31 gastan más de lo que recaudan. Y Brasil es uno de los peores en este escenario, con un déficit fiscal que el año pasado alcanzó casi el 4% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB), muy por encima del promedio de todos los países analizados, que fue del 2,4% del PIB.

El problema se agrava porque gran parte de los recursos gubernamentales se consume en la nómina. Según un reciente reportaje publicado en los medios, los gastos de personal del gobierno federal vienen creciendo vertiginosamente desde 2012 y alcanzaron, el año pasado, el 41,8% de los ingresos tributarios del país.

Es decir, casi la mitad de los impuestos que pagamos se destina a la nómina, lo que también ocurre en los estados. Según otra reciente nota, el año pasado casi todos los estados brasileños consumieron más de la mitad de lo que recaudaron solo para pagar a funcionarios públicos en actividad, jubilados y pensionados.

Eso sin hablar del problema de la seguridad social, que, además de los desequilibrios actuariales ampliamente debatidos, también está directamente relacionado con la cantidad de funcionarios que algún día se jubilarán.

Es decir, tan importante como debatir soluciones para los grandes y graves problemas que tenemos es discutir cómo tendremos recursos para implementarlas. En este contexto, poco se discute sobre algo esencial en esta ecuación: las iniciativas de mejora de procesos, aumento de la productividad y reducción de la maquinaria pública.

Algunos candidatos proponen reducir el Estado mediante la privatización de actividades que el sector privado pueda realizar, con distintos grados y alcances. Es sin duda un movimiento necesario, pero incluso si se aplicaran las propuestas más amplias en ese sentido, los sectores susceptibles de transferencia a la iniciativa privada son solo una parte de la estructura de gobierno. Todavía tendríamos un enorme aparato público que costear.

Otros hablan de reducir el número de ministerios, pero los pocos cambios que suelen hacerse en ese sentido no pasan de un mero reagrupamiento de organismos, que mantienen el mismo tamaño y solo cambian el ministerio del que dependen. Eso cuando no vuelven a multiplicarse poco después para dar cabida a arreglos políticos.

El concepto lean, o pensamiento lean, ha ayudado a las empresas a reducir sus desperdicios, haciendo que consigan obtener más resultados utilizando menos recursos. Es decir, se centra en mejorar cómo se hace el trabajo, como forma esencial de optimizar el uso de recursos escasos.

Lamentablemente, la aplicación de este modelo en la gestión pública brasileña todavía es tímida. Si esta lógica de apuntar siempre a la eliminación de desperdicios, de encontrar y acabar con los retrabajos, de buscar cotidianamente la mayor agregación de valor en todo lo que se hace y otros conceptos de la gestión lean fueran adoptados por los gobernantes – y, ahora, por los candidatos –, sin duda centraríamos el debate público en formas de utilizar mejor los recursos, y no solo en promesas.

Una discusión seria en ese sentido tendría que comenzar por una revisión completa de lo que es (y de lo que no es) “valor” para el ciudadano. Eso sin duda generaría una aplicación profunda, en la gestión pública, de principios de mejora de procesos. Eliminaríamos los enormes desperdicios que existen, las superposiciones de atribuciones y actividades de los organismos, etc. Pero poco se ha hecho en ese sentido. Y el ciudadano sufre cada vez más con la enorme burocracia e ineficiencia siempre que necesita un servicio público.

Veamos el caso de la digitalización, que ha simplificado los procesos en el sector privado. Hay iniciativas de este tipo en organismos públicos, pero ¿cuál ha sido el impacto? ¿Han hecho crecer significativamente la productividad de los servicios, permitiendo hacer más con menos? El impacto todavía es muy pequeño.

Casi no se oye hablar de propuestas concretas de una nueva estructura de recursos humanos para los servidores públicos que permita modernizar la maquinaria pública. Por ejemplo, con planes de congelamiento de la reposición de vacantes y de retiro voluntario, reformulación de carreras, reasignación de personal considerando nuevos procesos optimizados, equiparación con las condiciones de mercado, mecanismos de motivación e incentivo vinculados a mejoras de procesos, etc.